06/09/2002 Otro inconstitucional y contradictorio auto de Garzónpretendidamente aclaratorio que tendrá graves consecuencias.
Introducción de la RED VASCA ROJA y reseñas en EL PAÍS (el día 7) y en GARA (los días 7 y 10).

Viernes 6 de septiembre de 2002 Otro archiconfuso y anticonstitucional auto de Garzon que vuelve a ser una sarte de disparates y violaciones del Derecho. Rechaza el recurso de Batasuna contra la suspensión de sus actividades afirmando que está integrada "en la banda etrrorista". Es pretendidamente aclaratorio del de fecha 26 de agosto. Pero en realidad lo modifica y contradice. En el del 26 decía que "deberán ser las cámaras (...) las que, a través de sus normas y reglamentos, decidan... si la formación HB-EH-Batasuna... puede actuar como grupo, al tener suspendidas todas sus actividades como tal..." . Pero en el auto del día 6 dice que "la medida de suspensión de actividades y la clausura temporal se refiere a la organización política HB-EH-Batasuna, con este u otro nombre, como Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak y Nafarroako Ezker Independentista, con las que trate de burlar la decisión adoptada". Reconoce, como no podía ser menos, que tal medida "no puede afectar a la actuación de personas individuales que, integradas en aquellas, ostenten representación popular (Parlamento, Diputación, Juntas Generales y Ayuntamientos), así como a las cantidades que, por tales actividades, perciben como sueldos o dietas". Pero ahora puntualiza que su auto del 26 "sí afecta, en el sentido suspensivo, a las actividades que desarrollan como grupo, a la clausura de locales que como grupo tengan y a las subvenciones que perciban como grupo". Reconoce, también como no podía ser menos, que "no puede compeler coactivamente a las instituciones del poder legislativo o de representación popular, que tienen sus normas y reglamentos, para el cumplimiento y ejecutividad de la medida". Pero señala que "la efectividad de la medida de suspensión, no su no aplicación, queda al arbitrio de las mismas". De manera que "por una parte la resolución judicial es obligatoria, pero al no poder compeler, serán aquellas instituciones legislativas y de representación popular las que deban determinar la forma de ejecución". Y afirma que "no sería justificable'", al amparo de lo dispuesto en distintos preceptos de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "el incumplimiento de las medidas" por parte del Parlamento de Gasteiz o el de Navarra.

Garzón dedica parte de su auto a contestar a críticas recibidas por el del dia 26 (del Consejero de Justicia de la C.A.V. y de medios de comunicación). Y lo remata con otra inconstitucional prohibición de una manifestación en Antsoain de las 20,30 horas de ese mismo día que había sido declarada legal por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Garzón se basó en que la comunicación de la manifestación llevaba la firma de un concejal de Batasuna (la Guardia Civil cargó sin comunicar a los asistentes que a las 17 horas la había prohibido Garzón).

LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
Garzón acusa al Gobierno vasco de falsear sus autos para menoscabar la acción contra Batasuna

El juez rechaza el recurso del partido aberzale y confirma la suspensión de sus actividades

JULIO M. LÁZARO| Madrid

El juez Baltasar Garzón pasó ayer al contraataque de los políticos e informadores que le han atribuido vulneración de derechos fundamentales y aprovechó el mismo escrito en que ratifica todas sus decisiones respecto a Batasuna para acusar a miembros de algunos partidos y a 'algún responsable' del Gobierno vasco de desvirtuar el contenido de sus escritos para menoscabar la actuación judicial. Además de quejarse de las críticas y considerar 'no justificable' que el Parlamento vasco incumpliese sus disposiciones, el juez cerró la semana prohibiendo una manifestación en Ansoain (Navarra).

Garzón aclara, en primer lugar, la extensión de sus disposiciones al ámbito parlamentario, ya que en el auto en el que suspendió las actividades de Batasuna dejó al criterio del Parlamento, las diputaciones forales, las juntas generales y los ayuntamientos del País Vasco y Navarra la efectividad de las medidas en el interior de dichas instituciones.

'El respeto a la división de poderes implica que el juez de instrucción no pueda compeler coactivamente a las instituciones del poder legislativo o de representación popular, que tienen sus normas y reglamentos, para el cumplimiento y ejecutividad de la medida', explica Garzón.

Por eso, en su anterior resolución habló de 'la efectividad de la medida de suspensión', no de 'su no aplicación'. 'Es decir', aclara el juez, 'por una parte la resolución judicial es obligatoria, pero al no poder compeler, serán aquellas instituciones legislativas y de representación popular las que deban determinar la forma de ejecución'.

Garzón concluye que 'no sería justificable', al amparo de lo dispuesto en distintos preceptos de la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 'el incumplimiento de las medidas'.

El magistrado expone otra 'aclaración' que, desde su punto de vista, 'no sería necesaria si no fuera porque acontecimientos posteriores públicos y notorios, planteados por algunos medios de comunicación y valorados por miembros de algunas formaciones políticas del País Vasco e incluso algún responsable del Gobierno de dicha comunidad autónoma, hacen imprescindible el pronunciamiento, aquí y ahora, por parte del juzgado'.

Garzón se refiere al consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, quien dijo que las resoluciones del magistrado 'ponen sobre la mesa la presumible vulneración de derechos fundamentales'.

El juez considera que las críticas a su decisión de suspender la convocatoria de actos públicos y manifestaciones por parte de Batasuna 'son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, por cuanto han desvirtuado su sentido y contenido presentándola como contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión'.

El juez precisa que el procedimiento se centra 'exclusivamente' en la suspensión de actividades de Batasuna. 'Parece que se olvida' -prosigue el magistra-do- 'que en este procedimiento se investigan hechos delictivos y no actos políticos u opiniones del mismo tipo'. Por eso, agrega, 'las personas físicas o jurídicas podrán hacer aquello que su libertad les sugiera y hasta donde consideren oportuno, y si transgreden los límites de la ley, quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no es este juzgado, lo hará'.

Según Garzón, afirmar que él pretende limitar los derechos constitucionales de personas ajenas a la causa 'es, aparte de falso, una arbitrariedad dirigida a menoscabar la actuación judicial que se enmarca en la más estricta legalidad'.

Respecto al recurso de reforma de Batasuna contra la suspensión de actividades durante tres años, el instructor ratifica íntegramente la resolución. El juez Garzón considera justificada la legalidad de la medida y su proporcionalidad.

'No se trata de actos de colaboración, sino de integración' en la banda terrorista los que se imputan 'a los responsables de Herri Batasuna en el marco de las herriko tabernas, como los que se deriven para los componentes y directivos de la estructura, como los de aquellos que la crearon y la dirigen desde el estrato superior de la dirección de la organización terrorista'.

'Resultaría paradójico y absurdo', añade, 'valorar que dicha estructura forma parte de una organización terrorista que la instrumenta en el sentido que le interesa (...) y no hacer cesar los efectos'. Dada su integración en ETA, 'la estructura HB-EH-Batasuna es en sí misma delictiva', concluye.

El juez aprovecha también para puntualizar unas referencias sobre Euskal Fondoa. Garzón deja claro que la intención de ETA fue instrumentalizar arbitrariamente Euskal Fondoa, aprovechando el campo de acción que esta organización, ajena a la estructura delictiva, brindaba con sus programas en Nicaragua.

ofensiva contra batasuna
Garzón aclara que sólo ha prohibido las protestas de Batasuna o «su entorno»

·La Guardia Civil impidió a empujones y porrazos la manifestación de anoche en Antsoain

En un nuevo auto aclaratorio de sus anteriores mandatos, el juez Baltasar Garzón precisó ayer que sólo ha declarado ilegales las manifestaciones de Batasuna o «personas de su entorno», mientras que el resto de ciudadanos y agentes «podrán hacer aquello que su libertad les sugiera». Con este criterio, el juez declaró ilegal la manifestación de anoche en Antsoain, tras lo que la Guardia Civil cargó. El abogado de los convocantes fue golpeado en una mano.

Ramón SOLA
ANTSOAIN

Pasadas las 17.00, basándose en este criterio, Garzón declaró ilegal la manifestación prevista a las 20.30 en Antsoain argumentando que la convocatoria llevaba la firma de un concejal de Batasuna en la localidad, Peio Karrera, y que el lema «Stop al fascismo» coincidía con el de otras protestas contra la ilegalización. Este acto había sido autorizado la víspera por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, que no advertía problemas de legalidad en el mismo aunque se lo remitió a Garzón para su análisis.

Llegada la hora de la manifestación, la Guardia Civil ni siquiera dio tiempo a los concentrados a conocer esta nueva modificación, e impidió el intento de iniciar la marcha arrebatando la pancarta y empujando y golpeando con las porras a quienes la portaban, entre ellos el citado Peio Karrera y el abogado de los convocantes. Este debió ser trasladado al hospital con un fuerte golpe en una mano e interpondrá denuncia.

Posteriormente, sobre los uniformados llovieron octavillas con lemas antifascistas y los vecinos respondieron a la carga con un estruendo de cacerolas y sartenes, mientras el concejal Peio Karrera informaba de que era imposible realizar la marcha.

Por lo que respecta a la movilización prevista para mañana en Donostia, como es habitual coincidiendo con la regata de La Kontxa, una agencia de información aseguró ayer que había sido desconvocada por los promotores. Sin embargo, GARA pudo constatar que no se había producido ese hecho.

Mientras, en otras localidades siguen produciéndose iniciativas populares contra la persecución a Batasuna. Es el caso de Derio, donde ayer tarde se concentraron 33 vecinos para «responder al fascismo».

Por lo que respecta al resto de movilizaciones, Garzón deja claro en este último auto que «no sería legal» extrapolar la medida de suspensión de actividades contra Batasuna a otras formaciones, en clara alusión al acto convocado para hoy por EA en Gernika. «Podrán hacer aquello que su libertad les sugiera y hasta donde consideren oportuno, y si transgreden los límites de la ley, quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no es este juzgado, lo hará», anticipa el instructor del caso.

Además, en relación al debate abierto sobre a quién compete aplicar los criterios del juez, Garzón matiza que sus resoluciones «son obligatorias, pero no pueden compeler a las instituciones legislativas y de representación popular». Por ello, establece que «serán aquéllas las que deban determinar la forma de ejecución», aunque les avisa de que «no sería justificable el incumplimiento».

El juez responde a las críticas políticas a través del auto

GARA
MADRID

En la resolución hecha pública ayer, Garzón no sólo aclara cuestiones como el alcance de la prohibición de movilizaciones, sino que responde incluso a las críticas formuladas por responsables políticos. Tras aseveraciones contra sus autos como las realizadas por el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, Garzón se queja de opiniones que considera «poco acordes con el respe- to a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes».

Así, en la respuesta el juez incide en que no se deben presentar sus decisiones como ataques a la libertad de expresión, porque «se investigan hechos delictivos, y no actos políticos u opiniones».

El instructor alude a estas críticas para justificar la necesidad de esta resolución aclaratoria, de la que dice que «no sería necesaria», pero que «se hace imprescindible» debido a lo publicado por los medios de difusión y a las valoraciones de «miembros de algunas formaciones políticas del País Vasco e incluso de algún responsable del Gobierno de esa comunidad», en alusión a Jose- ba Azkarraga.

Instituciones deciden

Entre las aclaraciones, Garzón confirma que la posibilidad o no de que Batasuna pueda seguir funcionando como grupo en las instituciones «se deja al arbitrio de las mismas y según las reglas que rijan su funcionamiento».

Sobre Euskal Fondoa, cuya vicepresidenta es la alcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, matiza que aparece en el auto ya que «la intención de ETA-HB fue instrumentalizarla». El Supremo trató de hacer llegar la notificación a Batasuna a través de abogados GARA

IRUÑEA

El abogado de Iruñea Jokin Elarre denunció ayer el intento de hacer llegar a Batasuna la preceptiva notificación sobre el proceso de ilegalización en su contra a través de instancias judiciales, y utilizando para ello a letrados que han representado a esta formación en diversos procedimientos.

Efectivamente, sólo unas horas después de que el Supremo indicara que trataría de contactar con Batasuna a través de sus dirigentes o incluso mediante un edicto en la prensa, el juez decano de Iruñea, Joaquín Galve, y una secretaria judicial intentaron entregar la notificación tanto a Elarre como a Andrés Percaz, representante de HB actualmente en el «caso Otano», según relató ayer ''Diario de Noticias''.

«Burla» y «utilización»

Elarre mostró ayer su denuncia «por lo que considero un intento de burlar las disposiciones legales sobre notificaciones judiciales y el intento de utilizarme, en mi calidad de letrado, como representante legal (que no lo soy) de una persona que está suspensa y sin capacidad jurídica. Entiendo que se ha producido una quiebra manifiesta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la propia voluntad de los demandantes, ya que el pretendido emplazamiento realizado en mi persona no existe», recuerda.

Estas mismas consideraciones fueron trasladadas por el letrado al Juzgado Decano de Iruñea por Jokin Elarre ese mismo día y ratificadas ayer ante él.

ATAQUE AL INDEPENDETISMO VASCO
Garzón extiende su auto a los grupos parlamentarios abertzales de Gasteiz e Iruñea

El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ha enviado a las cámaras de Gasteiz e Iruñea un nuevo auto en el extiende la prohibición de actividades decretada contra Batasuna también a los grupos parlamentarios Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak y a Nafarroako Ezker Independentista.

GARA
DONOSTIA.- El nuevo auto de Garzón, que fue emitido el pasado viernes y al que ha tenido acceso GARA.net, señala que "la medida de suspensión de actividades y la clausura temporal se refiere a la organización política HB-EH-Batasuna, con este u otro nombre, como Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak y Nafarroako Ezker Independentista, con las que trate de burlar la decisión adoptada".

El magistrado añade que la medida "no puede afectar a la actuación de personas individuales que, integradas en aquellas, ostenten representación popular (Parlamento, Diputación, Juntas Generales y Ayuntamientos), así como a las cantidades que, por tales actividades, perciben como sueldos o dietas".

Puntualiza Garzón que su auto "sí afecta, en el sentido suspensivo, a las actividades que desarrollan como grupo, a la clausura de locales que como grupo tengan y a las subvenciones que perciban como grupo".

El juez de la Audiencia Nacional reconoce que "no pude compeler coactivamente a las instituciones del poder legislativo o de representación popular, que tienen sus normas y reglamentos, para el cumplimiento y ejecutividad de la medida".

Por ello señala que "la efcetividad de la medida de suspensión, no su no aplicación, queda al arbitrio de las mismas".

Además, recuerda que "no sería justificable el incumplimiento de las mismas al amparo de lo dispuesto", entre otras leyes, en el artículo 118 de la Constitución española.